Los congresistas hondureños discuten un nuevo Código Penal que intenta criminalizar la protesta social.

El proyecto de ley contempla incluso condenar aquéllos reclamos que tengan como objeto la defensa de los recursos naturales o de los derechos humanos.

Así las cosas, ni la O.E.A. lanza al viento sus proclamas sobre “democracia”, ni la prensa española critica al régimen golpista (más bien lo aplaudió), ni José Luís Rodríguez Zapatero acude a dialogar con el presidente Juan Orlando Hernández, para que Honduras no ahonde en la dictadura que se instaló en el país centroamericano, desde que EE.UU. y la Unión Europea bendijeron el golpe de estado contra Manuel Zelaya.