Los medios occidentales han lanzado miles de editoriales y supuestos análisis objetivos, acerca del proceso político que China desarrolló en el Tibet, cuando el conflicto dejó de ser un asunto interno del gigante asiático, pero los medios occidentales intentaron colocar la figura del Dalai Lama como máxima autoridad popular y religiosa de aquella zona.

Ese personaje (y sus sucesores), se opusieron frontalmente a las reformas que el gobierno chino implementaba en la región, organizando a los colectivos populares como base de las reformas democráticas aplicadas en todas las provincias del país.

Tras las revueltas, los monjes y aristócratas que habían dado apoyo a los levantamientos contra el Gobierno chino perdieron su condición social y tuvieron que entregar sus bienes, que fueron redistribuidos entre la población, sometida al esclavismo y servidumbre, bajo una pobreza insoportable.

A partir de entonces se dibujó una clara linea que separaba definitivamente a las dos partes del conflicto: por un lado encontramos la postura del gobierno  y por otro lado las reivindicaciones neoliberales disfrazadas de presunta agresión al budismo, representadas por el Dalai Lama en el exilio y apoyadas por la mayor parte de las potencias occidentales.

El Gobierno chino demostró con sobradas pruebas que en el Tíbet la población vivía bajo el abuso extremo de un sistema feudal y de servidumbre, con continuas violaciones de los derechos humanos.

Hoy, para el gobierno de Xi Linping,  la soberanía china del Tíbet no es negociable. Sin embargo, aun teniendo una posición tan firme al respecto, puede haber progreso en el proceso de paz en la medida que China está dispuesta a discutir un mínimo grado de autonomía cultural y religiosa de la región, así como las condiciones del regreso de un personaje tan controvertido y entregado al capitalismo como el Dalai Lama.