En Grecia, un plan de reformas constitucionales aprobado por el Parlamento ha generado nuevamente el rechazo de la población, pues con estos se permite la privatización de bienes estatales, como el suministro del agua y de la energía eléctrica.

Esta acción contradice al gobierno de Syriza encabezado por Alexis Tsipras, pues en 2012, dicha fuerza política adoptó la defensa de los servicios públicos.