MAURICIO MACRI RESULTA UN EJEMPLO COMO PRESIDENTE, PARA MEDIOS COMO RTVE, EL PAIS, LA SECTA, ANTENA-3 NO EL ABC, PERO SE GUARDAN DE APLICAR EN SUS EDITORIALES LA MISMA FURIA DESPLEGADA CONTRA TRUMP

MAURICIO MACRI DEBE SER UN EJEMPLO COMO PRESIDENTE, PARA MEDIOS COMO RTVE, EL PAIS, LA SECTA, ANTENA-3 O EL ABC, PORQUE ESAS PLATAFORMAS PERIODÍSTICAS SE GUARDAN MUY BIEN DE APLICAR EN SUS EDITORIALES LA MISMA FURIA DESPLEGADA CONTRA TRUMP

Ramona Hernández nació en Paraguay, pero vive en Argentina desde hace más de 30 años.

A partir de las drásticas modificaciones a la ley de Migraciones que aplicará por decreto el macrismo de manera inminente, le podrían revocar su radicación definitiva y sería expulsada del país, si en la revisión de sus antecedentes surgiera algún delito, incluso menor, y todo el trámite duraría menos de una semana.

El gobierno se apresta a cambiar el paradigma de la actual norma, en su afán de plasmar a nivel legislativo, aunque sin pasar por el Congreso, su política de demonización de los inmigrantes como factor determinante de la llamada “inseguridad”.

Según el proyecto de DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) al que tuvo acceso el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el cambio “amplía las causas que permiten la detención y expulsión de migrantes en situación irregular; habilita la revisión de todas las radicaciones otorgadas para quienes tienen antecedentes penales o condenas, sin importar el tipo de delito o su situación procesal; modifica los trámites de expulsión para que sean inmediatas, sin control judicial ni una defensa legal adecuada; elimina la unidad familiar y el arraigo como condiciones que evitan la expulsión”.

En un comunicado conjunto firmado por el Cels, la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF), la Red de Migrantes y Refugiados en la Argentina, la Red Nacional de Líderes Migrantes y OTRANS Argentina, estas organizaciones enfatizaron que “el texto es una regresión para los derechos de las personas migrantes, su efecto será la puesta en marcha de una poderosa herramienta de control social por fuera de la ley”.

Y destacaron que “ante la constante amenaza de ser capturado por el sistema de justicia criminal, la personas migrantes pobres estarán expuestas a una mayor fragilidad: trabajos precarios, hostigamiento de las fuerzas de seguridad, menor inserción escolar y acceso al sistema de salud”.

En los hechos, una persona migrante –tenga residencia regular o no– que subsiste de la venta callejera podrá ser denunciada penalmente, por ejemplo, por la actividad económica que desarrolla o por resistir a un desalojo en la vía pública.

“Los jueces y fiscales tendrán la obligación de notificarle a la Dirección Nacional de Migraciones de la existencia de causas penales en las que se identifique como responsable a un migrante, lo que desatará el inicio del trámite de expulsión o la revisión de las residencias ya otorgadas”

“Con el solo procesamiento firme por cualquier delito que prevea pena privativa de libertad podrá ser expulsado del país, con escasas posibilidades de defenderse en el trámite migratorio”, indicaron el Cels y las entidades de migrantes.

“Si el gobierno decide avanzar con esta reforma eludiendo nuevamente el Congreso estará dando señales graves: restringirá derechos humanos sin ningún control parlamentario y establecerá una política migratoria contraria a los compromisos internacionales asumidos.

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