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Diversas “personalidades españolas“, algunas de las cuales están relacionadas con delitos como la corrupción galopante que se padece en el reino borbónico,  con los asesinatos cometidos por el  GAL y con miles de crimenes de guerra perpetrados en la ex Yugoslavia, Libia, Irak o Agfanistán, solicitaron que el gobierno de Venezuela excarcele a varios reclusos (a quienes llaman presos políticos), que cumplen prisión en la República Bolivariana por haber sido declarados culpables de los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio, durante las llamadas guarimbas, que además originaron la muerte violenta de más de 40 personas.

Felipe González, junto a José María Aznar y Javier Solana, ex presidentes del gobierno español y ex secretario general de la Organización Terrorista del Atlántico Norte, respectivamente, cuyas actividades están directamente unidas a la muerte de miles de inocentes, mujeres y niños incluidos, dejaron una vez más muestra de su miseria moral y política, rodeados de cámaras y micrófonos.

Al menos, la lógica presidió esa rueda de prensa: criminales pidiendo la libertad de sus colegas.

Mientras tanto, cientos de presos políticos españoles siguen encarcelados en prisiones, alejadas cientos de kilómetros de los lugares de residencia de sus familias, sin que se les apliquen los beneficios a los que tienen derecho por la vigente ley penitenciaria, e incluso padeciendo graves enfermedades.

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