Como suele acontecer en casi todos los órdenes de la vida, las apariencias engañan.

Una persona bien trajeada, aseada y perfumada, podría parecer un/a ciudadano/a libre de sospecha, de la misma forma que un libro con una portada atractiva, lanzado a bombo y platillo desde una editorial de éxito, pasaría por ser una obra bien escrita, interesante y novedosa o resultaría lógico imaginar que en un restaurante elegante,  limpio y decorado a la última moda, sirven unos platos suculentos.

En los tres supuestos, sucede a veces que ni aquella persona resulta tan honesta ni tan respetable, que el libro contiene un montón de páginas para echar a la basura y la comida del establecimiento, además de carísima, dejaba mucho que desear en cantidad y calidad.

No es oro todo lo que reluce, dice el aserto popular, y como casi todos los refranes, el empirismo demuestra que la mayor parte de los seres humanos, objetos, establecimientos y escenarios políticos no son lo que aparentan, aunque les rodee un halo de presunta inocencia y respetabilidad.

El reino borbónico parece de lejos un estado de derecho, tanto como Honduras, Arabia Saudita, Paraguay o Ucrania.

Pero el régimen español también adolece de unas carencias propias de aquellos estados autoritarios.

La sentencia condenatoria contra Artur Mas y dos de sus consejeras, que les impedirían ocupar cualquier cargo público durante periodos entre 2 años y un año y seis meses (no bajo la inevitable y futura justicia catalana), indica a las claras que un Estado de Derecho existe cuando está regido por leyes justas, derechos y libertades fundamentales.

No es el caso, cuando resulta punible mantener ideas contrarias a unas normas con hedor dictatorial, cual es la unidad de la patria o la impunidad del monarca ante esas leyes.

Cuando la opinión se convierte en un delito, los libros de derecho y las constituciones que lo permiten, hay que arrojarlos al vertedero de la historia.

Y si esa opinión se expresa en las urnas y el estado, en nombre de una Carta Magna que incumple leyes de rango superior, como las internacionales, condena a quienes defienden el sufragio, obligando al silencio a una nación y desdeñando sus aspiraciones,  la presunta democracia se viste de amarillo. Como la banana.

Porque no puede haber otra ley más democrática que la que mana de la voz de un pueblo… incluso cuando pudiera equivocarse.

 

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