Una de las figuras menos conocidas por el pueblo estadounidense y la Mafia Mediática es la del “fiscal especial”, una suerte de letrado con poderes superiores a los habituales y una mayor independencia a la hora de solicitar investigaciones.

En una atmósfera político-periodística bastante contaminada por los continuos ataques, sin pruebas ni evidencias, sobre el cansino cuento del “hackeo” ruso en las elecciones, el número dos del Departamento de Justicia designó a Robert Mueller como “fiscal especial”.

Este abogado de 73 años, que fue nombrado director del FBI por el presidente y criminal de guerra George W.Bush en 2001, será pues el responsable de llevar a cabo las pesquisas sobre esa supuesta injerencia y un posible pacto ilícito entre Moscú y miembros del equipo de campaña de Donald Trump.

A diferencia de un fiscal federal, este “acusador” tiene una mayor libertad de acción, pero su independencia es tanta como la del ministro Catalá respecto del PP.

Esta figura jurídica solo puede actuar cuando se dan sospechas de conflicto de intereses, relativas a instituciones clave en órganos de poder o cuando las circunstancias lo exigen en nombre del interés público.

Existen antecedentes sobre casos similares. Por ejemplo, en 1999, la Ministra de Justicia, Janet Reno, encargó al senador John Danforth que se pusiera al frente de la investigación, sobre el papel que había desempeñado el FBI en un asalto llevado a cabo en 1993 contra de la Secta de los davidianos en Waco, Texas.

El fiscal especial no tiene obligación de mantener informados a sus superiores sobre los pasos de sus investigaciones, incluso si teóricamente lo demandara el Ministerio de Justicia y mucho menos el presidente.

Sin embargo el departamento de Justicia no tiene por qué justificar ni explicar el criterio aplicado a la hora de seleccionar ese fiscal todopoderoso. Incluso podría elegirlo entre profesionales del sector privado.

Este es también el caso de Robert Mueller, que de responsable del FBI pasó a formar parte de un brillante bufete de abogados, que ha de abandonar durante sus labores como sabueso.

Un fiscal especial puede ordenar que se formen comisiones rogatorias, requerir todos los medios que considere oportunos para sus indagaciones, aunque tiene el deber de advertir al ministro o a su adjunto de las acciones consideradas “muy importantes” que piense llevar a cabo.

Por su parte, el Ministro de Justicia tiene derecho a oponerse a las pruebas solicitadas por este funcionario, al que puede revocar en cualquier momento si se considera que ha cometido una falta grave o se extralimita en sus funciones.

Uno de los más famosos fiscales especiales de la historia política estadounidense fue Archibald Cox, quien dirigió la investigación sobre el archiconocido caso de espionaje del Partido Demócrata, en el edificio Watergate de Washington.

En aquel entonces, el presidente Richard Nixon cesó de manera fulminante al Ministro de Justicia Elliot Richardson y a su adjunto William Ruckelshaus, pero finalmente le costó su puesto al presidente Nixon, que había ordenado las escuchas ilegales en las sedes  de los demócratas.

A pocos escapa que el objetivo del FBI, la NSA y la Mafia Mediática (que siempre apostaron por Clinton) es provocar la expulsión o dimisión de Donald Trump, basándose en unas injerencias y/o hackeos desde Rusia, tan evidentes como las armas de destrucción masiva que poseía Sadam Hussein.

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