El fallo de la Corte Constitucional de Colombia, que dejó sin efecto dos artículos del trámite de leyes para aplicar el Acuerdo de Paz con las FARC, representa un golpe fuerte al proceso, aunque no mayor al del “No” que se impuso en el plebiscito de octubre pasado, según varias fuentes consultadas por Sputnik.

NO SE COMPRENDE QUE LA GUERRILLA HAYA RENUNCIADO A LA LUCHA ARMADA SIN ANTES EXIGIR EL PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL DURANTE LA FIRMA DE LOS ACUERDOS DE PAZ

“Aunque se trata de dos contextos diferentes, lo cierto es que el fallo de la Corte sí representa un problema serio, primero porque se abre la posibilidad de modificaciones al acuerdo de paz y, en segundo lugar, porque va contra los tiempos de implementación de lo pactado”, dijo el senador de izquierda Iván Cepeda.

Para el político, la paz está en incertidumbre a raíz del fallo, pues “plantea la situación de que la Corte Constitucional se pueda convertir en cualquier momento en una suerte de instancia de transformación de todo lo que se ha acordado en el Congreso y en La Habana”, sede de las negociaciones de casi cuatro años entre el Gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

Ante esto, observó Cepeda, el Congreso “debe hacer su mayor esfuerzo por legislar de la manera más eficaz posible”.

La decisión del alto tribunal plantea una considerable dificultad para llevar lo acordado al ordenamiento jurídico, en especial en lo relativo al tiempo previsto para la implementación y para el tránsito de las FARC al escenario político, que estaba previsto comenzaría el 31 de mayo, cuando se cumplan 180 días de la firma de los acuerdos y la guerrilla deba entregar la totalidad de sus armas.

El fallo

Para blindar los acuerdos, el Gobierno se reservó la potestad de respaldar o no las posibles modificaciones a las leyes que debe aprobar el Congreso.

La Corte consideró que esta potestad afectaba la división de poderes, por lo que dejó abierta la posibilidad de que cualquier congresista pueda hacerle cambios a los proyectos de ley que presente el Gobierno por la vía rápida.

Ese hecho, según quienes respaldan el proceso de paz con las FARC, puede ser aprovechado por una parte de la oposición para dilatar aún más la implementación.

De hecho, el fallo de la Corte responde a una demanda interpuesta por el senador Iván Duque, del opositor y derechista Centro Democrático (que lidera el expresidente Álvaro Uribe), sector que es acérrimo crítico del acuerdo con las FARC.

El Gobierno intentó restar importancia al fallo pues “no afecta la seguridad jurídica del Acuerdo de Paz”, sino los procedimientos dentro del Congreso.

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