La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela admitió ocho demandas de protección de derechos e intereses colectivos por habitantes de ocho municipios de los estados Mérida y Miranda.

Con ello el alto organismo ordena y conmina a los alcaldes que gobiernan tales entidades que deben proteger a la ciudadanía y sus derechos, de lo contrario podrían ser sancionados.

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