Que “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente” no fue una frase certera del historiador británico Lord Acton, porque anima a que los pueblos piensen que todas las personas que deciden embarcarse en el tema político, sea este de alcance estatal, nacional, comunitario, provincial, local y municipal, determina que, independientemente de la gestión que desarrollen, tarde o temprano les llevará a la tentación de cometer cualquier delito.

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Lo malo es que las excepciones podrían confirmar la regla, aunque si echamos mano de los casos (miles) de funcionarios que han delinquido o se encuentran imputados en procesos de corrupción, comprobaríamos que de los más de DOS MILLONES MEDIO de empleados públicos, poco más de MIL CUATROCIENTOS (un 0’35%) aparecen en los legajos y diligencias de los juzgados como sospechosos, de los que SOLO 87 (un 0’12%) se encuentran en prisión.

Lo que sí resulta escandaloso, penoso, lamentable y sarcástico es que, aquellos/as que redactaron un compromiso ético-político (que dejo a continuación), no sean capaces de asumirlo, como sucede con tres concejales del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, Celia Mayer y Ana Varela miembros de Ahora Madrid, colectivo unido al Club de Fans de Pablito Iglesias.

El Código Ético, que deben asumir los mentados como propio, dice, en el apartado 1.4, que ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción, prevaricación, tráfico de influencias, enriquecimiento con recursos públicos o privados, cohecho, malversación y apropiación de fondos públicos, los inmersos en esa imputación se comprometen a renunciar a sus cargos o que se les cese de forma inmediata.

Sin embargo, los tres mentados no renunciarán, porque según Rita Maestre, portavoz de Manuela Carmena, “el dinero que usaron fue para investigar la corrupción y regenerar la democracia”.

Sin comentarios.

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