El Congreso de los Diputados de España ratificó su compromiso con el Acuerdo Integral sobre Economía y Comercio (CETA, por sus siglas en inglés) firmado con Canadá, abriendo las puertas a la colocación de jugosos intereses en manos privadas, ya que pretende ser una herramienta para profundizar y reforzar la cooperación entre los dos continentes.

El acuerdo supone la ruina de los pequeños comerciantes y productores, ya que abre las puertas a las grandes multinacionales que tendrán vía libre para imponer legalmente sus intereses a los criterios de Estados democráticos en asuntos esenciales, como la protección medioambiental, la salud pública o las políticas sociales.

El tratado, del que los medios periodísticos no han informado jamás en profundidad, son cómplices de la futura restricción deliberada de la soberanía democrática y del estrecho margen de maniobra política de gobiernos y parlamentos, ya que beneficia a las multinacionales en detrimento de los trabajadores, echa por tierra los estándares de protección del consumidor y el medio ambiente, pone en riesgo los derechos laborales y favorece la privatización de los servicios públicos, incluida la salud y la educación.

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