La cobertura mediática y política dedicada a la memoria del que fuera concejal del PP, Miguel Ángel Blanco, no tiene parangón con los minoritarios homenajes que se ofrecen a otras víctimas de la organización armada ETA, del GAL, del GRAPO o de los numerosos grupos de asesinos nostálgicos de Franco y la Falange.

Se supone que el dolor de las familias ante la pérdida de un allegado, es el mismo, aunque los responsables de tales muertes violentas son tratados, mediática, política, policial y judicialmente, bajo un baremo completamente diferente.

La guerra sucia contra ETA (que no era sino terrorismo de estado, puro y duro) originó decenas de víctimas (¿verdad, Felipe González Gal?) a las que rara vez la prensa española dedica comentarios y menos aún editoriales.

Los cada día más deshonestos diarios, emisoras de radio y TV, exhiben una doble y miserable moral, un irrespeto a la deontología profesional que contagia a los partidos políticos, cuyos líderes aparecen en “sentidos y emotivos” homenajes como el dedicado a Blanco, abandonando, casi en la clandestinidad, los actos en memoria de otras víctimas, como el diputado de HB Josu Muguruza o el parlamentario, también de Herri Batasuna, Santi Brouard.

La hija del primero, Ane Muguruza, asesinado en Madrid el 20 de Noviembre de 1989 por la ultraderecha franquista, decía hace unos años: “No es justo atrincherarse en imperativos éticos” que pretenden  “un relato moral” de lo ocurrido, sin una radiografía completa de todo lo sucedido”.

Las mesnadas neofascistas pasean libremente por las calles del reino borbónico, recibiendo ayudas económicas del estado, mientras sus miembros, condenados por hechos semejantes, no merecieron la misma pena que quienes aún siguen presos en cárceles situadas a cientos de kilómetros de su domicilio y de la residencia de sus familiares.

Una repugnante violación de los derechos humanos más elementales, perpetrada por parte de los herederos de la ideología neonazi que todavía hoy apesta en el PP, donde pese al abandono de las armas y a la renuncia definitiva de sus acciones, decretadas por Euskadi ta Askatasua, blasonan de un odio tan visceral y paralelo como el apoyo de toda índole que prestan a los terroristas venezolanos, causantes de más de 120 muertes violentas.

Ni buscan equidad en el trato a la memoria de las víctimas, ni diseñan escenarios para una verdadera paz social. Los Populares, con la ayuda del PSOE y el Club de Fans de Pablito, alientan a que ese doble rasero permanezca enhiesto, diferenciando entre unas y otras muertes, como demuestran las escasísimas sentencias contra neonazis y las que se imponen a los militantes antifascistas.

Todo ello constata una verdad indiscutible: la justicia en España no es igual para todos. Ni mucho menos. Esa frase escrita en la Constitución es la Gran Mentira porque “no todo está perdonado, ni olvidado”, porque los culpables de cientos de miles de muertes, homicidios, asesinatos, robos de bebés y torturas, nunca fueron procesados.

El día que el Parlamento y el Senado español, junto a los medios informativos y ayuntamientos del estado, rindan homenaje a las víctimas del terrorismo franquista, a los Abogados de Atocha, a Josu Muguruza y Santi Brouard, a Yolanda González, a Arturo Ruiz, Rosario Arregui, José Ramón Ansa, Aurelio Fernández Cario, José Luis Alcazo, Tomás Alba Irazusta, Ana Teresa Barrueta, Arturo Pajuelo Rubio y así hasta más de 500 víctimas de la ultraderecha española, podrán convencerme de que se ha abierto un camino hacia la reconciliación.

Mientras tanto, a otro perro con ese hueso.

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