Hace unos meses, la Mafia Mediática española informaba que decenas de encapuchados en Pamplona lanzaron piedras a los policías, atrincherados tras contenedores de basura volcados en mitad de la acera, quemaron cajeros… El PP y el resto de partidos emitieron sus respectivas condenas.

Podría ser la descripción de una escena de kale borroka de hace 20 años, pero ocurrió en Marzo de 2017 en el Casco Viejo, tras una manifestación a favor de la amnistía en favor de los presos políticos vascos.

Los incidentes se saldaron con cuatro detenidos, uno de los cuales era menor de edad y quedó bajo la custodia de sus responsables legales.

Los otros tres arrestados pasaron a disposición judicial acusados de desórdenes, atentado a la autoridad y daños, según comunicaron fuentes de la Delegación del Gobierno en Navarra.

Según la Policía Nacional, forman parte del grupo de abertzales radicales que arrojaron piedras, botellas y otros objetos contra los agentes, reventaron un cajero, y dañaron comercios y contenedores de basura y vidrio.

Todos los partidos expresaron en un comunicado su “condena rotunda” por lo sucedido y su “tolerancia cero ante quienes pretendan utilizar Navarra, sus pueblos y sus ciudades como escenario de confrontación violenta”.

El Ejecutivo foral asegura además su “decidida voluntad de seguir trabajando” por “una cultura de paz, respeto y convivencia”, por lo que “pondrá todos los medios a su alcance para impedir” que actos como los registrados en el Casco Viejo se vuelvan a repetir.

Tras manifestar su “solidaridad y apoyo a quienes han resultado afectados”, el Gobierno subraya también que los actos violentos “no tienen cabida en una sociedad democrática”, por lo que aboga por “avanzar en la construcción de una sociedad donde nadie crea estar legitimado para recurrir a la violencia a la hora de defender sus ideas”.

Sin embargo, incidentes muchos más graves, sucedidos desde hace años en Venezuela, merecen el aplauso de quienes condenan a los radicales vascos.

Curiosa actitud, cuando hechos mucho más reprobables, con centenares de muertos y destrozos, causados por la ultraderecha venezolana, merecen la comprensión y el respeto hacia los agresores.

La hipocresía ante tales sucesos muestra el verdadero talante del PP y la práctica totalidad de la Secta Mediátia española, haciendo pasar por víctimas a los criminales y por verdugos a quienes han sido quemados vivos y asesinados a balazos o por cócteles Molotov.

El colmo de tal descaro lo corrobora hoy la ONU, cuyo Consejo de DDHH, sin aportar la menor evidencia, sin pruebas contundentes, excepto las declaraciones de personas detenidas por sus acciones criminales en las guarimbas, acusan a la Policia Bolivariana de practicar detenciones arbitrarias y torturar a arrestados.

Una mONUmental mentira que se hace realidad no en Venezuela, sino en España, donde el PP sigue negando las evidencias que se acumulan en juzgados de Argentina o Italia, en la ONU, en la UE y en el Tribunal de Estrasburgo.

Recordemos que hace unos meses la Corte Penal Internacional (CPI) desmintió supuestas torturas sufridas por los hermanos Alejandro y José Sánchez, dos dirigentes del partido Primero Justicia, detenidos el pasado jueves 13 de abril. Una denuncia que había hecho el presidente del Parlamento venezolano Julio Borges.

La Fiscalía del Tribunal Internacional también negó que el 13 septiembre de 2016, Lilian Tintori, esposa del  opositor Lepoldo López, haya presentado una denuncia en La Haya contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El único país latinoamericano que actualmente se encuentra bajo un examen preliminar es Colombia debido a los “falsos positivos”, unas ejecuciones extrajudiciales en las que miles de civiles fueron asesinados por militares para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate, a fin de obtener beneficios.

NO ES VENEZUELA DONDE SE TORTURA, SINO EN ESPAÑA

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