Category: JUSTICIA



Mientras que la corte federal de Hawai o la de San Francisco (California) habían suspendido el decreto antimigratorio que puso en marcha el presidente Trump, a los pocos días de su toma de posesión del cargo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos acaba de validar, en parte, la controvertida medida  a la espera de revisarla en su totalidad durante una sesión que se prevé para este otoño.

UNA ESCENA QUE SE REPETIRÁ ESTE VERANO A LOS LARGO Y ANCHO DE EE.UU. Y DE OTRAS NACIONES

El decreto que prohibía la entrada a los Estados Unidos a las personas procedentes de seis países predominantemente musulmanes, se aplicará ahora a los viajeros “que no mantengan relación familiar, comercial o laboral con residentes o entidades radicadas en los EEUU” .

La decisión se adoptó hace unas horas y significa una victoria parcial para el mandatario. Recordemos que al tratar de legalizar el decreto aludido, este fue suspendido por varios jueces de primera instancia.

Tras esta sentencia, no sólo los magistrados de más alto rango del país tendrán que aceptar el laudo del Supremo, sino también la victoria legal de una decisión particularmente impopular, que ha generado miles de protestas en todo el territorio y en todos los países afectados.

A partir de hoy, los pasajeros procedentes de Irán, Siria, Irak, Somalia, Sudán, Yemen y Libia, no obtendrán visado de entrada, excepto si cumplen las condiciones referidas.

El tribunal, que había bloqueado completamente su orden ejecutiva del pasado 6 de marzo, anunció además que escuchará los argumentos sobre la totalidad del decreto que puedan aportar los funcionarios del gobierno de Trump.



El Ministerio de Justicia de la Federación Rusa apelará la sentencia del TEDH, que considera discriminatoria la prohibición sobre la propaganda y promoción de las relaciones homosexuales con menores, que rige en Rusia. La decisión conlleva también una indemnización por daños a algunos activistas LGTB.

Las leyes de la Federación, que prohíben la publicidad de las relaciones homosexuales entre la infancia, no violan el derecho internacional y su único objetivo es proteger la moral y la salud de los niños hasta que alcancen la edad mayoría de edad, según reza un comunicado del Ministerio de Justicia ruso.

Este texto fue publicado el 20 de junio, poco después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminase que la ley, descrita en los medios rusos como “arma legal contra el fomento de la propaganda homosexual entre menores“, resultaba discriminatoria y propagaba la homofobia.

La corte europea defiende el derecho de tres activistas rusos, condenados por violar aquellas normas y ordenó al estado ruso a pagar una indemnización de 43.000 euros a los activistas, por daños y perjuicios.

Uno de los principales patrocinadores de esta ley, el diputado Vitali Milonov (del partido Rusia Unida), describió la decisión del TEDH como “un mero acto propagandístico”. ‘

“El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es sino una rama más de la máquinaria de promoción y publicidad que sirve a los círculos europeos neoliberales. Es falso que protejan los derechos y libertades del ser humano. Ahora utilizan ese organismo como un club para lanzar amenazas”, dijo a RT, añadiendo que Rusia, además de apelar, podría ignorar la decisión.

Por su parte, el Canciller Sergei Lavrov, precisó: “Me gustaría recordar una vez más lo que hemos dicho muchas veces. En Rusia no se persigue a ningún individuo que elige su destino y sus preferencias sexuales y ello es válido para la comunidad LGBT”.

Lo único que no queremos ver en nuestro territorio y lo que nuestra ley prohíbe, es la imposición y la promoción publicitaria de esta orientación sexual entre los niños, entre los menores de edad. Nada más“, dijo.

En 2013, Rusia adoptó una ley que prohíbe la promoción de las relaciones homosexuales entre la infancia.

Dicha ley, aprobada en 2013, se aplicó a nivel municipal en San Petersburgo (Leningrado), antes de ser sancionada en todo el territorio ruso por el Ministerio de Justicia, previo informe y debate en la Duma.

Tal norma y sus apartados incluyen multas por violación de esta prohibición en los medios de comunicación, así como el veto a organizar fiestas LGTB entre menores y niños, ya que algunos psicólogos y expertos consideran que esa clase de festejos suponen “un paso previo a la legalización de la pedofilia”.

A finales de 2015, dos diputados del Partido Comunista presentaron una moción que contenía una prohibición adicional sobre todas las manifestaciones públicas de homosexualidad, pero el proyecto de ley fue rechazado por el Parlamento.


La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió la solicitud de antejuicio de mérito en contra de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega.

En la cuenta de Twitter de la institución, la Sala Plena del TSJ -presidida por el magistrado Maikel Moreno- anunció la celebración de un cónclave que tendría como punto único “la solicitud de antejuicio de mérito” en contra de la funcionaria.

El recurso fue introducido la semana pasada por el diputado socialista, Pedro Carreño. De acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, sólo la Sala Plena está facultada para determinar si hay o no una falta grave que conlleve a la destitución y enjuiciamiento de la funcionaria.

Según Carreño, las últimas actuaciones de la Fiscal la desacreditan para seguir en el cargo, puesto que Ortega Díaz ha incurrido en faltas como mentir “flagrantemente” al país e intentar “dañar la respetabilidad del Poder Moral”, al poner en tela de juicio el procedimiento de elección de los magistrados que ella misma avaló y negar que participó en el proceso, cuando hay documentos que hacen constar su absoluto acuerdo.

FERRER ES DIPUTADO DEL PSUV Y ESPOSO DE LA FISCAL ORTEGA

Las tensiones entre el Poder Judicial y la Fiscalía se han agravado en las últimas semanas, luego de que la titular del Ministerio Público introdujera recursos para destituir a los togados, sin cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución.

Además, Ortega Díaz ha participado de manera protagónica en las acciones de la oposición en contra de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, hecha por el presidente Nicolás Maduro, para desescalar la crisis política en el país.

En la petición de Carreño se incluyen medidas cautelares que incluyen una prohibición de salida del país y la congelación de bienes para garantizar que no haya evasión alguna durante la investigación.


El fundador de Wikileaks, Julian Assange se ha visto obligado a posponer el anuncio previsto sobre su salida de la embajada ecuatoriana en el Reino Unido, donde encontró refugio hace cinco años.

ALGUNOS MANIFESTANTES SE REUNIERON EL 19 DE JUNIO FRENTE A LA EMBAJADA DE ECUADOR, PARA EXIGIR LA LIBERACIÓN DE JULIAN ASSANGE

No obstante, los abogados del fundador de Wikileaks confían en lograr la “liberación” de Assange, tras una próxima reunión con las autoridades judiciales británicas.

“Por consejo de sus letrados, el comunicado que Assange quería leer hoy desde el balcón de la Embajada de Ecuador ha sido pospuesto”, según un mensaje de WikiLeaks, que no especifica más detalles.

“Esta decisión es consecuencia del acuerdo logrado para celebrar una inminente reunión con las autoridades británicas que siguen el caso. El equipo legal de Assange dice ser optimista sobre la posibilidad de encontrar una solución satisfactoria que, respetando las leyes británicas, puedan restaurar la libertad y la dignidad de Assange”, se dice en el texto del comunicado,

Por su parte, el Ministerio del Interior británico ha desmentido a la agencia France Presse el acuerdo para mantener esa reunión.

Wikileaks denuncia que desde el día de la llegada a Londres de Assange, el gobierno de Obama ordenó que no se le permitiera salir del Reino Unido y fuera arrestado de inmediato.

Ante el riesgo de que se cumpliera la amenaza, el responsable del portal solicitó asilo político en la embajada de Ecuador en Londres, tratando de evitar su extradición a Estados Unidos, donde el riesgo de ser procesado por la publicación de los archivos que le entregó el entonces soldado Bradley Manning, era evidente.

Sin embargo, el mes pasado, la justicia sueca retiró los cargos de violación contra el australiano y levantó la orden de detención europea que pesaba sobre él, aunque la policía británica había advertido que estaría obligada a detener a Julian Assange, si este saliera de la embajada.

“La verdadera batalla comienza ahora. Estoy en manos de una justicia que se pliega a las leyes estadounidenses, pese a que Naciones Unidas defiende mi puesta en libertad”,  afirmó Julian Assange, mientras decenas de personas le aplaudían frente a la embajada de Ecuador.


El Defensor del Pueblo y presidente del Poder Moral Republicano, Tarek William Saab, aplaudió que la Fiscal General Luisa Ortega Díaz reconozca la legitimidad constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y sus diversas salas, al introducir frecuentemente -como lo hace ahora- diversos recursos en los que solicita pronunciamientos del máximo órgano judicial.

Sin embargo, aclaró que la reciente solicitud de la Fiscal, que pretende anular la elección de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, choca con su postura jurídica adoptada en 2015.

“En el caso concreto de la ciudadana Fiscal, en reunión de fecha 16 de diciembre de 2015, para discutir como punto único la selección de los magistrados que formarían parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), no hubo ni por escrito, ni vía verbal, opinión en contra de la ciudadana fiscal en relación a esa selección, ni siquiera voto salvado. Eso está en el archivo del expediente”, reveló el Defensor del Pueblo.

Saab refirió que, tras la carta de convocatoria para la reunión de la Fiscal para discutir este punto, y en los archivos que reposan en los expedientes respectivos de la reunión celebrada, se registra que Ortega Díaz nunca se pronunció en contra del proceso legal que se llevaba a cabo.

El Defensor del Pueblo invitó a consultar las hemerotecas y archivos nacional, digital, física y sonora, para cerciorarse de Ortega nunca emitió una opinión en contra, pues hubiera sido un hecho comunicacional público y notorio y comprueba que su postura actual contradice el hecho jurídico histórico.

Finalmente, comentó que el TSJ, como máximo tribunal del país, dirimirá esta controversia y tomará el tiempo que así considere, en base a los argumentos que la fiscal expuso en su recurso, respondiendo, como ha hecho en otras oportunidades, a la solicitud de la Ortega Díaz.

http://vtv.gob.ve/william-saab-aplaude-que-fiscal-ortega-diaz-acuda-al-tsj-pero-recuerda-que-ella-nunca-cuestiono-eleccion-de-magistrados-que-hoy-solicita-anular/


INCLUSO LAS SANCIONES OCCIDENTALES CONTRA RUSIA VIOLAN TODAS LAS LEYES Y CÓDIGOS INTERNACIONALES, NO SOLO LAS DEL TRIBUNAL DE COMERCIO, DADO QUE SU FUNDAMENTO ES EXCLUSIVAMENTE DE ORIGEN POLÍTICO

El Tribunal de Bruselas desembargó todas las propiedades rusas en Bélgica, incluidos activos de Sputnik, informó el director general de la ONG Centro Internacional de Defensa Legal, Andréi Kondakov.

“El Tribunal de Bruselas obligo al estado a desembargar todas las propiedades de Rusia en Bélgica, incluidos los activos de ITAR TASS y Sputnik, embargados durante el proceso de los antiguos accionistas de Yukos”, dijo el abogado.

En julio de 2014, la Corte de Arbitraje de La Haya satisfizo la demanda de los antiguos accionistas de Yukos, que exigían a Rusia una indemnización de 50.000 millones de dólares tras la quiebra de la petrolera.

Las autoridades rusas recurrieron la decisión, pero los demandantes acudieron a los tribunales de otras naciones.

A mediados de junio de 2015 Francia y Bélgica embargaron bienes y cuentas consideradas por las autoridades de estos países como rusas, en cumplimiento de una sentencia de la Corte de Arbitraje, que hoy se considera ilegal.


Si Washington no reanuda la aplicación de la inmunidad a los bienes diplomáticos de Rusia en EEUU, Moscú reaccionará simétricamente, advirtió este jueves la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.

ESCUCHAR LAS EXPLICACIONES DE MARIA ZAJAROVA ES UN PLACER QUE CONTRASTA CON LAS PATÉTICAS INTERVENCIONES DE SUS HOMÓLOGAS ESTADOUNIDENSES

Al señalar que es conocida la posición de Rusia ante el problema de los inmuebles rusos, que de hecho fueron decomisados en EEUU, la diplomática advirtió que tal comportamiento de las autoridades estadounidenses era absolutamente inaceptable, porque viola de forma flagrante el Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.

“Insistimos en que nos devuelvan, sin dilación alguna, cuanto se nos arrebató de manera ilegítima. Además, quisiéramos señalar que si Washington no reanuda la aplicación de la inmunidad a los bienes diplomáticos rusos, Moscú tomará medidas simétricas con respecto a la propiedad estadounidense en Rusia”, declaró la portavoz, agregando que ya se ha formulado la advertencia a la Embajada de EEUU en Moscú.

A finales del año pasado, el Departamento de Estado de EEUU declaró personas no gratas a 35 diplomáticos rusos y ordenó el cierre de dos inmuebles de las misiones diplomáticas rusas en Maryland y Nueva York, bajo el pretexto de que se usaron para espionaje.

El asesor del presidente de Rusia, Yuri Ushakov, al comentar esta situación dijo que Moscú toma nota de las dificultades que experimenta el mandatario estadounidense, Donald Trump, pero se verá obligado a reaccionar si Washington no hace nada.

El periódico “The Washington Post”, al alegar fuentes conocedoras de la situación, comunicó que la Administración Trump, al estudiar este asunto, barajaba la posibilidad de privar de la inmunidad diplomática a estos inmuebles, que podrían reconvertirse en locales ordinarios o ser útiles como organismos judiciales estadounidenses.


Las fuerzas del orden venezolanas detuvieron a 51 personas, quienes en poder de bombas y armamento explosivo, pretendían cometer actos terroristas en Caracas.

Así lo dio a conocer la víspera el ministro de Interior Paz y Justicia de ese país suramericano, Néstor Reverol. Cabe decir que entre los detenidos hay más de una decena de menores de edad.


Sectores sociales de Venezuela salieron nuevamente a las calles para pedir paz, una vez más, tras dos meses de marchas violentísimas que la oposición mantiene, con el fin de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro.

Los manifestantes pidieron a la Fiscal de la República, Luisa Ortega, que demuestre al imparcialidad que exige su cargo y que se pronuncie contra la violencia de las marchas opositoras en las que se realizan actos de un vandalismo brutal, asesinatos y terrorismo.


LAS PETICIONES DE MULTAS Y CÁRCEL PARA ESTOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA, SON LA CONSTATACIÓN DE UN SISTEMA JUDICIAL ABERRANTE Y DE UN RÉGIMEN REPRESOR

Ni hoy es 28 de diciembre ni esto es una broma”, aseguraba esta semana el profesor universitario Ermengol Gassiot Ballbé, al dar a conocer un auto judicial dictado el pasado 5 de mayo por el que se le exige, junto a otro miembro del personal administrativo y de servicios (PAS) y a 25 estudiantes y ex estudiantes entre los que se halla el alcalde de Argentona por la CUP (Eudald Calvo), el desembolso de una fianza de 511.835 euros, con el pretexto de garantizar la reparación de los daños supuestamente provocados por los imputados, durante un encierro de protesta contra la subida de las tasas y la mercantilización de la enseñanza, que tuvo lugar en el rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en la primavera de 2013.

No es, ni de lejos, la primera vez que los estudiantes ocupan un campus universitario catalán porque, de hecho, las movilizaciones que ahora se juzgan acontecieron un año después de que otro grupo de activistas llevaran a cabo acciones similares en la Universidad de Barcelona.

Tampoco fue, ni por asomo el encierro más violento y, sin embargo, no existe un caso precedente conocido tras la caída del franquismo de represalias políticas y judiciales contra estudiantes de semejante magnitud.

De acuerdo al relato de los hechos construido por la fiscalía con arreglo a la denuncia inicial del rectorado y ahora asumido como probable por el juez instructor, se colige que los 27 procesados formaban parte de un “entramado criminal” que conspiraba de forma coordinada en las catacumbas del sistema para derribar la institución mediante procedimientos violentos de algún modo inspirados en la kale borroka.

El abono de la fianza por responsabilidad civil deberá ser efectuado en un plazo no superior a las 24 horas, contadas desde el momento en que se les notifique la acusación y sean formalmente requeridos para ello.

A partir de entonces y de manera inmediata, serán embargados los bienes de los encausados que no certifiquen su insolvencia.

El pago debe realizarse de forma solidaria por uno, varios o todos los imputados, lo que significa, por ilustrarlo con un ejemplo, que si 26 de ellos se declararan insolventes, el tribunal embargaría a uno de los 27, hasta cubrir la suma total de la fianza.

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Más de 10.000 personas se congregaron en la plaza Rabin de Tel Aviv, Israel, para expresar su repudio por la ocupación de los territorios palestinos, cuando se cumplen 50 años de la ilegal anexión de miles de kilómetros cuadrados de Siria y Palestina.

Bajo el lema “Dos Estados, una esperanza”, los manifestantes apoyaron una solución pacífica para el conflicto.

Pese a las resoluciones habidas en Naciones Unidas contra ese expolio, los gobiernos de Israel se han negado a cumplirlas.

El renombrado columnista de Haaretz, Gideon Levy, escribió en su última columna de opinión para el periódico que, “Un estado que celebra 50 años de ocupación es un estado cuyo sentido de dirección se ha perdido, y se ha deteriorado su capacidad de distinguir entre el bien del mal”.

Usando la típica y dura honestidad, golpeadora el periodista israelí, volvió a golpear una vez más, argumentando que Israel debe cubrirse de dolor y llorar por el hecho de que es tan corrupto y podrido como sólo puede ser un país de ocupación.

Su tema fue construido alrededor de 1967, marcado por lo que ha llegado a conocerse como la Guerra de los Seis Días.

Actualmente se celebra en Israel en su año de jubileo de oro: en realidad, son 50 años desde el mayor desastre judío desde el Holocausto y 50 años desde el mayor desastre palestino desde el Nakba de 1948.

http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=64119


El Embajador de la República Popular Democrática de Corea en Cuba, Pak Chang Yul, ofreció unas declaraciones exclusivas a Prensa Latina, expresando la posición de esa nación asiática en cuanto a la situación que vive la península coreana y el proceso penal que se sigue contra dos ciudadanos estadounidenses, detenidos por presuntos crímenes contra el gobierno.


La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela admitió ocho demandas de protección de derechos e intereses colectivos por habitantes de ocho municipios de los estados Mérida y Miranda.

Con ello el alto organismo ordena y conmina a los alcaldes que gobiernan tales entidades que deben proteger a la ciudadanía y sus derechos, de lo contrario podrían ser sancionados.


El presidente de Brasil, Michel Temer, se enfrenta estos días la crisis más grave de su gobierno.
El Consejo Federal del Colegio de Abogados de Brasil decidió apoyar el impeachment contra Temer y formular un pedido que será presentado en la Cámara de Diputados.


El fallo de la Corte Constitucional de Colombia, que dejó sin efecto dos artículos del trámite de leyes para aplicar el Acuerdo de Paz con las FARC, representa un golpe fuerte al proceso, aunque no mayor al del “No” que se impuso en el plebiscito de octubre pasado, según varias fuentes consultadas por Sputnik.

NO SE COMPRENDE QUE LA GUERRILLA HAYA RENUNCIADO A LA LUCHA ARMADA SIN ANTES EXIGIR EL PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL DURANTE LA FIRMA DE LOS ACUERDOS DE PAZ

“Aunque se trata de dos contextos diferentes, lo cierto es que el fallo de la Corte sí representa un problema serio, primero porque se abre la posibilidad de modificaciones al acuerdo de paz y, en segundo lugar, porque va contra los tiempos de implementación de lo pactado”, dijo el senador de izquierda Iván Cepeda.

Para el político, la paz está en incertidumbre a raíz del fallo, pues “plantea la situación de que la Corte Constitucional se pueda convertir en cualquier momento en una suerte de instancia de transformación de todo lo que se ha acordado en el Congreso y en La Habana”, sede de las negociaciones de casi cuatro años entre el Gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

Ante esto, observó Cepeda, el Congreso “debe hacer su mayor esfuerzo por legislar de la manera más eficaz posible”.

La decisión del alto tribunal plantea una considerable dificultad para llevar lo acordado al ordenamiento jurídico, en especial en lo relativo al tiempo previsto para la implementación y para el tránsito de las FARC al escenario político, que estaba previsto comenzaría el 31 de mayo, cuando se cumplan 180 días de la firma de los acuerdos y la guerrilla deba entregar la totalidad de sus armas.

El fallo

Para blindar los acuerdos, el Gobierno se reservó la potestad de respaldar o no las posibles modificaciones a las leyes que debe aprobar el Congreso.

La Corte consideró que esta potestad afectaba la división de poderes, por lo que dejó abierta la posibilidad de que cualquier congresista pueda hacerle cambios a los proyectos de ley que presente el Gobierno por la vía rápida.

Ese hecho, según quienes respaldan el proceso de paz con las FARC, puede ser aprovechado por una parte de la oposición para dilatar aún más la implementación.

De hecho, el fallo de la Corte responde a una demanda interpuesta por el senador Iván Duque, del opositor y derechista Centro Democrático (que lidera el expresidente Álvaro Uribe), sector que es acérrimo crítico del acuerdo con las FARC.

El Gobierno intentó restar importancia al fallo pues “no afecta la seguridad jurídica del Acuerdo de Paz”, sino los procedimientos dentro del Congreso.

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El canciller de Ecuador, Guillaume Long, declaró que como la fiscalía sueca no imputa cargos, el caso no procede y con ello pierde efecto la orden de detención europea.

Se están realizando las gestiones para obtener el salvoconducto que le permitirá a Assange disfrutar de su asilo en Ecuador.


El abogado del fundador de Wikileaks, ha declarado que Julian Assange trata de encontrar asilo político en Francia,  después de que la Fiscalía sueca haya suspendido el proceso por violación que se seguía en el país nórdico, contra el hoy refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, donde cumplirá en Junio 5 años de encierro.

LA CAPACIDAD DE RESISTENCIA PSICOLÓGICA DEL RECLUÍDO JULIAN ASSANGE ES ADMIRABLE, PERO CINCO AÑOS DE ENCIERRO DEJAN SECUELAS

En mi humilde opinión, parece que tanto tiempo sin poder salir de su habitáculo ha afectado seriamente al australiano, dado que en cuanto pusiera un pie en la calle donde se ubica la legación de Ecuador, los agentes de Scotland Yard le detendrían de inmediato.

Con esa amenaza pendiendo sobre Assange, resulta lógico que Juan Branco, el principal letrado de Julian, decía: “Francia ya tiene la petición de asilo, por lo que si se concediera, podría evitarse el arresto, siempre y cuando el gobierno británico cediera a las demandas del nuevo ejecutivo galo”.

¿Alguien cree, en su sano juicio, que Emmanuel Macron sería capaz de mostrar la misma generosidad y comprensión, idéntico coraje, para enfrentarse a la amenaza de EEUU, que el ex presidente Rafael Correa?

Recordemos que en el año 2015 el entonces presidente francés, Hollande, se negó a conceder ese asilo, aún cuando varios diputados de la Asamblea apoyaron la medida “como gesto humanitario”.

Conviene señalar que Donald Trump, hace unas semanas, ya dejó clara la posición de la administración estadounidense: “A ese rubio hay que encarcelarle de por vida”, dijo el mandatario.

Por su parte, un portavoz de la policía británica, pese a la suspensión de la causa que motivó el asilo, ratificó que Julian Assange sería detenido en el mismo momento que abandonara la embajada ecuatoriana en Londres.

Difícil situación en la que el tiempo juega en contra de Assange.


Criticado y repudiado en varias ocasiones, pero jamás perseguido por la justicia, Tony Blair, el ex premier británico “socialista” al estilo de Felipe González, François Hollande o Michelle Bachelet, podría atravesar un momento complicado, tras el estudio del informe “Chilcot” que el más alto tribunal británico revisa minuciosamente estos días.

BAJO EL RÉGIMEN NEOLIBERAL, LOS VERDADEROS GENOCIDAS PASEAN TRANQUILAMENTE POR EL MUNDO

Hay rumores sobre la diferencia de criterios jurídicos acerca de la responsabilidad del ex mandatario en los innumerables crímenes cometidos durante la invasión de Irak, aunque ya sabemos que el brazo de la Ley no acostumbra a caer sobre quien ostenta el poder político.

El Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido se encuentra en una difícil situación, cual es la cancelación de la inmunidad de la que disfruta Blair, pese a su complicidad en un hecho tan sangriento como aquel, precipitado por los falsos informes del Departamento de Estado durante el gobierno de George W.Bush, en los que se aseguraba que el ejército de Sadam Hussein poseía armas de destrucción masiva.

Si el alto organismo decide suprimir la bula que aún ostenta el ex primer ministro de la Reina Isabel II, habría una posibilidad de que se abriera un proceso en contra de Blair.

Tras la publicación del informe Chilcot, tanto el premier, como su entonces Ministro de Asuntos Exteriores, John Prescott, además del Fiscal General durante aquella época, se han enfrentado a varios intentos de persecución judicial por un presunto delito de “agresión” basada en informaciones “incorrectas”.

Sin embargo, hasta hoy, estos procedimientos fueron desestimados en base a la inmunidad del ex primer ministro, así como por la Ley de Secretos Oficiales (que vela por la impunidad de los crímenes de Estado) que impidieron la apertura del correspondiente proceso.

En noviembre de 2016, no obstante, se abrió un nuevo expediente acusatorio contra Blair, basado en una denuncia del general iraquí Abdul-Wahid Shannan,  ex jefe del ejército de aquel país que reside en el exilio, rechazada por un Tribunal que se pronunció sobre el caso alegando que la acusación era “inadmisible”.

Sin embargo, los abogados encargados de la denuncia reclamaron ante el máximo organismo de justicia y obtuvieron una audiencia en el Tribuna Superior. Este último se encuentra analizando los argumentos de los abogados de ambas partes, para decidir la suerte de Blair.

La breva no caerá porque, en pura lógica, la justicia internacional debería actuar contra Aznar, Bush y Barroso, “Los Cuatro Criminales de las Azores”, tan culpables de crímenes de lesa humanidad como elogiados por la Mafia Mediática. El neoliberalismo tiene esas cosas.


Esta mañana, el Senado sancionó la ley que limita la aplicación del beneficio 2×1 a culpables de delitos de Lesa Humanidad, aquellos represores que actuaron durante la dictadura cívico militar en la década del 70 en la República Argentina. Más del 90% de la población estaba en contra de la polémica ley. teleSUR

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